Afirman que el 40% del transporte público es ilegal

Afirman que el 40% del transporte público es ilegal

Una entidad abocada al estudio de esta problemática asegura que en el área metropolitana unos 8.400 vehículos de pasajeros clandestinos transportan a más de un millón de usuarios.

El servicio de combis y micros truchos se duplicó en los últimos dos años, a tal punto que 4 de cada 10 medios de transporte público que circulan desde el Conurbano bonaerense hacia la Capital Federal son ilegales, según el reciente informe de la Comisión Nacional de Familiares de Víctimas del Transporte Público al que accedió DIARIO POPULAR.

En total, la CNVTP informó que son unas 8.400 unidades clandestinas que transportan a poco más de un millón de personas desde distintos puntos del Gran Buenos Aires a la Ciudad. El número se sigue acercando a las reguladas, que llega a 12 mil.

Martín Lescano, titular de la CNVTP, explicó que “entre muertos y heridos con secuelas irreparables dentro de estos vehículos ya tenemos casi 1.200, un número que asusta y es, por ejemplo, casi el doble que los 649 caídos en la guerra de Malvinas”.

“La problemática de los truchos y la impunidad que generan es visible cuando uno va a Plaza Constitución, al Correo Central, a Plaza Once, al Puente Saavedra, al Luna Park a Avenida de Mayo o a Avenida Alem. Las principales paradas están en lugares céntricos, a la vista de todos. Y, en cuanto a número, cada vez están más a la par de los colectivos de línea”, sostuvo.

El especialista confió que si bien “hay una competencia desleal hacia las empresas reguladas que tributan al Estado Nacional y pagan sueldos”, el problema principal es “la inacción en los controles del propio Estado, puntualmente la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)”.

“Hay una asociación ilícita de una mafia mixta que está muy aceptada por parte del Estado. Tenés barras y narcos, pero lo que lo hace mucho más grave es la cobertura de la CNRT, que tiene una responsabilidad directa porque debería controlar”, insistió.

En ese sentido, Lescano argumentó que “el gobierno nacional ha destinado millones y millones de pesos para reforzar la ley nacional de seguridad vial, ya sea en capacitación o en distintos organismos nacionales, provinciales y municipales”. Por eso, cuestionó: “¿Cómo puede ser que a una cuadra de la sede de la CNRT haya una parada de combis truchas?”

Al respecto, contó que hace varios meses, mediante el expediente Nº S02 7737/2017, le solicitó al entonces titular del organismo Roberto Domecq “que informe las medidas y mecanismos para controlar la nocturnidad”. Sin embargo, aseguró que el funcionario renunció en marzo sin contestarle y su sucesor, Pablo Castano, aún no le brindó una respuesta adecuada.

A la vez, el titular de la CNVTP denunció que “Juan Manuel Lanusse, Ejecutivo del área de Recursos Humanos, maneja los fondos que otorga el gobierno nacional, pero esos fondos no llegan a combatir las mafias, sino que se utilizan para cosas oscuras”.

“El ciudadano común tiene que entender que es mucha plata que le cuesta al Estado. La ley nacional de seguridad vial tiene el mismo valor que la ley de drogas o de estupefacientes. Se tiene que cumplir a rajatabla. Pero acá hay mucha plata que se pierde porque hacen mirar a los inspectores hacia otro lado”, sentenció Lescano.

En ese punto, el responsable de la CNVTP acusó que “más allá de no estar afectados directamente al área de fiscalización, todos los subgerentes, encabezados por Castano, tienen responsabilidad penal por todo lo que está padeciendo el usuario. Desde personas lesionadas hasta homicidios”.

Por todos esos motivos, solicitó “la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Defensoría del Pueblo, para que esto se transparente de una vez por todas y deje de ser una caja política”.

“La CNRT depende del Ministerio de Transporte, a la que en enero mandaron la partida de fondos. Sería interesante que la SIGEN intervenga para ver en qué se están canalizando los fondos que fueron destinados. Y de ahí ver el comportamiento de los subgerentes y responsables de este ente, para que así comiencen a funcionar todas las instituciones del Estado en contra de estas personas por la inacción”, aseveró.

 

Fuente:

Diario Popular

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