Seis asociaciones sectoriales deberán pagar un total de $ 75.000; es el máximo previsto por la normativa; los acusan también de entorpecer la circulación del transporte público
Seis asociaciones de taxistas fueron multadas por un monto total de $ 75.000 por haber obstruido la circulación del tránsito en las calles porteñas, sobre todo al pie del Obelisco, e interrumpir el servicio de otros transportes públicos durante diversas protestas contra la aplicación Uber. Las movilizaciones ocurrieron durante el primer semestre de 2016, cuando la plataforma que permite contratar viajes con conductores particulares debutó en Buenos Aires.
Por medio de juicios abreviados, el fiscal de cámara Martín Lapadú, a cargo de Investigaciones Complejas de la Unidad Fiscal Oeste, acordó con las entidades esa sanción económica por la forzada interrupción de la circulación y el consiguiente desvío de otros servicios, como los colectivos. Los acusados reconocieron su responsabilidad en la organización de las marchas y la comisión de las infracciones; también aceptaron las sanciones, indicó Lapadú en diálogo con LA NACION.
Las entidades penalizadas son la Unión de Propietarios de Automóviles con Taxímetro (UPAT), la Cámara Empresaria del Autotaxi (Cametax), la Asociación Taxistas de Capital (ATC), la Unión de Propietarios y Mandatarios de la República Argentina (Upymra), la Sociedad de Propietarios de Automóviles con Taxímetro (SPAT) y la Federación Nacional de Conductores (FNCT).
«Nos hicimos cargo de la contravención. Fue una decisión que en su momento tomamos de manera colectiva», dijo a LA NACION Luis Fernández, presidente de la ATC. Y agregó: «Pero Uber sigue siendo una empresa que pretende la precarización del trabajo y no acata la ley».
Las protestas por las que fueron multadas estas organizaciones se desarrollaron durante la primera mitad del año pasado, sobre todo entre abril y mayo, y afectaron en horas pico dos intersecciones de circulación masiva de la Capital, como lo son 9 de Julio y Corrientes, y Callao y Santa Fe.
Los taxistas consideran a Uber una competencia desleal, ya que los choferes no tienen licencia profesional, ni verificaciones técnicas como transporte público, ni seguros para el pasajero. Así, al tener menores costos, ofrecen viajes más baratos.
Identificación
Lapadú contó que requirió al Centro de Monitoreo Urbano de la Ciudad que individualizara a los taxistas que participaron de la protesta. «Esas imágenes nos permitieron identificar a 950 choferes. Empezamos a tomarles declaración indagatoria, pero se presentaron los responsables de las cámaras que los agrupan y se hicieron cargo de la convocatoria a las distintas movilizaciones», explicó el fiscal.
Fue entonces cuando se acordó cerrar una sanción con las seis entidades sectoriales durante los juicios abreviados. Deben abonar $ 75.000 divididos en partes iguales, tras haber sido imputadas por ilícitos consistentes en afectar el funcionamiento de servicios públicos intencionalmente y obstruir la vía pública, previstos en los artículos 69 y 78 del Código Contravencional. Las condenas fueron homologadas ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 de la ciudad, a cargo de María Julia Correa.
«Si bien los montos de las multas no representan cifras contundentes para estas organizaciones, son los máximos que permite hoy en día el Código Contravencional, el cual no se actualiza (salvo algunas excepciones) desde su última reforma, en 2004», sostuvo Lapadú.
Las sanciones son producto de una serie de actuaciones de oficio iniciadas por el funcionario del Ministerio Público Fiscal, quien desde abril de 2016 lleva la causa en la que investiga a Uber por incumplir las principales regulaciones del transporte público de la ciudad, evasión impositiva y lavado de dinero. Pese a la fuerte embestida judicial, la aplicación todavía funciona con normalidad.
Lapadú indicó que en los próximos días recibiría un oficio de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) porteña con el monto de evasión tributaria de la cuestionada empresa. Con esa información en su poder, citará a las autoridades de la compañía.
Las acusaciones contra Uber
Ejercicio ilegal: La Justicia acusa a la empresa de infringir el Código de Tránsito, que prevé la contratación de viajes sólo de manera espontánea en la calle o por llamadas a radiotaxis.
Evasión tributaria: La firma está investigada por evadir el pago de impuestos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la Nación, ya que no está registrada y no paga Ingresos Brutos ni IVA.
Lavado de dinero: Otra acusación es por lavado de dinero. Es decir que las operaciones de Uber Argentina podrían incluir lavado de activos de origen delictivo.
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