Un fallo judicial ordenó al municipio a garantizar el transporte accesible para personas con discapacidad y movilidad reducida.
El fallo que obliga al municipio a asegurar que al menos el 30% de los colectivos del transporte urbano permitan el acceso de personas de movilidad reducida estableció un plazo que vence en sólo dos meses y hasta ahora no existe previsión alguna para darle cumplimiento.
La sentencia fue dictada en julio pasado por el juez Emilio Riat, al hacer lugar a un amparo colectivo presentado por organizaciones que asisten a personas con discapacidad.
El presidente del Concejo del Discapacitado, Angel Vainstein, recordó que el plazo era de diez meses y se cumplirá a comienzos de mayo. Anticipó que si el municipio no garantiza los colectivos con rampa o piso bajo para esa fecha le pedirán al juez “que aplique las sanciones que correspondan” contra las funcionarios responsables.
Desde el municipio admitieron que hubo un recurso de apelación ante la Justicia pero que fue desoído y el fallo está firme.
El subsecretario de Tránsito y Transporte, Gustavo Fressone, dijo que no tenía precisiones sobre el tema y remitió las consultas a la asesoría letrada municipal. La asesora, Natacha Vázquez, reconoció que en las decisiones judiciales de ese tipo, ante un amparo colectivo, se aplica un criterio “restrictivo” que las torna difíciles de revertir. Confirmó que el STJ rechazó la queja del municipio, de modo que el fallo quedó firme.
Vázquez aclaró luego que desconoce si se va a implementar la obligatoriedad de colocar micros adaptados en la fecha exigida por el juez. Señaló que se trata de una decisión política y que escapa a su ámbito. Agregó también que el municipio podría “pedir una prórroga”, ya que es una de las opciones cuando se trata de una orden que “no es de sencillo cumplimiento”.
El concejal oficialista Gerardo Avila, dijo que el costo de un colectivo con piso bajo supera “en un 30 ó 40%” el de uno convencional y que en Bariloche no sería la solución para las personas con discapacidad, porque faltaría también adaptar las paradas, especialmente en los barrios. Cumplir con el 30% exigido obligaría a cambiar no menos de 25 unidades.
Avila dijo que no tenía información sobre la conducta que seguirá el Ejecutivo municipal y recordó que el contrato vigente, con la concesionaria MiBus, no incluye obligación alguna sobre colectivos accesibles para personas con discapacidad.
Vainstein dijo que aun con esa omisión en el contrato, “existe legislación nacional que no pueden desconocer”.
Fuente:
