Cómo funcionan las cámaras de seguridad que piden instalar en los colectivos

Cómo funcionan las cámaras de seguridad que piden instalar en los colectivos

Ya comenzaron a colocarlas en líneas que son de jurisdicción nacional, ya que circulan en Capital y el GBA. Y Ritondo prometió que las pondrán los colectivos provinciales en 180 días.

La instalación de las cámaras de seguridad en los colectivos arrancó el año pasado. Hay mil unidades con cámaras, en 16 líneas de jurisdicción nacional, es decir que circulan en Capital y Gran Buenos Aires. Pero la idea es que se extienda a las 19.000 que se mueven por la Ciudad y el Conurbano. El sistema consiste, en primer lugar, en instalar cuatro cámaras en cada colectivo: una enfocará a la puerta delantera, dos al interior del vehículo y la cuarta estará sobre el frente de la unidad, apuntando hacia la calle. En el siguiente video se ve qué es lo que registran estos dispositivos.

“En tres meses, los colectivos que realizan recorridos nocturnos en el GBA deberán tener cámaras de seguridad. Y todas las unidades tendrán que colocar esos dispositivos en un plazo máximo de seis meses”. Así lo anunció ayer el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo.

Es que el plan para monitorear el interior de los vehículos se aceleró después del asesinato de Leandro Alcaraz, ocurrido el domingo pasado en La Matanza. Por eso, María Eugenia Vidal informó también que el lunes se reglamentará una ley -sancionada en diciembre de 2016- que obliga a las compañías a la colocación de sistemas de vigilancia por video en los coches.

Según establece la reglamentación de la ley a la que tuvo acceso Clarín, “se instalará la cantidad de cámaras necesarias según las características de cada unidad de transporte, debiéndosegarantizarla existencia de una cámara por puerta de la unidad. Se deberá asegurar la visión de todo el espacio interior. Asimismo, se colocará un equipo en el interior, desde adelante enfocando hacia el frente, para captar la vía de circulación”.

Precisamente las imágenes de esta cámara hubieran sido clave para dar con los dos sospechosos de asesinar a Leandro Miguel Alcaraz, el colectivero de la 620. Pero el sistema de vigilancia aún no llegó a los municipios del conurbano, precisamente donde se registran la mayor cantidad de hechos delictivos y actos violentos contra los choferes y pasajeros. Por eso, el Gobierno bonaerense aseguró ayer que lanzarán créditos blandos para que las empresas puedan acceder fácilmente a la instalación de las cámaras de seguridad. También anunciaron que les darán botones antipánico a los conductores.

La nueva ley que se implementará en los próximos días exige que las filmadoras “deberán encontrarse en un lugar visible, procurando la conservación de las mismas, y su buen funcionamiento”.

De acuerdo con la información del área de Transporte de la Provincia, en el área metropolitana están habilitadas 212 líneas. En total hay unas 9.000 unidades: 5.000 corresponden a permisos otorgados por los municipios y 4.000 concedidos por el Gobierno provincial. Con la incorporación de sistemas 4G a las cámaras, se podrán monitorear en los centros de control que funcionan en los municipios, explicó el ministro de Seguridad.

Los equipos transmitirán las imágenes, la geolocalización del colectivo y la velocidad a la que está circulando. Si un pasajero denuncia al 911 un hecho de inseguridad, o si el colectivo se detiene o se desvía de su ruta, los operadores del Centro de Monitoreo de la Ciudad o de la Provincia tomarán la señal e investigarán qué sucede. Los videos quedarán grabados y se conservarán durante 30 días, para que sirvan como prueba en caso de que ocurra un delito o un choque.

La ley votada por el Parlamento prevé además que los micros deben estar señalizados con cartelería que indique que las mismas cuentan con cámaras de seguridad. Y quedó establecido “que las imágenes obtenidas tienen carácter absolutamente confidencial y que las mismas solo podrán ser requeridas por la autoridad pública o judicial que se encuentre avocada a la investigación o al juzgamiento de causas penales o contravencionales”.

 

Fuente:

Clarín

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