Con el objetivo de evitar los fraudes en la utilización de las tarjetas de gratuidad en el transporte público, el Ayuntamiento de São Bernardo y la SBCTrans lanzaron este martes el sistema de biometría facial en 200 vehículos del municipio. Con inversiones de R $ 3 millones, el objetivo es que hasta octubre 400 autobuses tengan el programa. Actualmente, 3 mil viajes por mes se hacen de manera irregular, según datos del Poder Ejecutivo.
Cada vehículo tendrá una cámara que quedará por encima de la máquina usada para el cobro electrónico. En el momento en que el municipio pase por la misma, una foto será enviada al sistema (importado de Corea del Sur) que va a comparar con la foto ya existente en la base de datos de la Tarjeta Legal, empresa responsable de la operación.
Si hay alguna irregularidad, habrá el bloqueo de la tarjeta de gratuidad y el usuario será notificado, y tendrá hasta diez días para justificar los motivos para el uso ilegal de la tarjeta. Si se demuestra cualquier práctica ilegal, se cancelará el beneficio. De las 498 mil tarjetas emitidas en la ciudad, 131 mil son referentes a las cinco categorías de gratuidad: estudiante; discapacitados físicos; deficiente físico con acompañante; los ancianos; y jubilados y pensionistas.
El grupo es responsable de un sexto de los 6 millones de viajes que se realizan todos los meses en el transporte público de San Bernardo. «La estimación es que del 5% al 10% de esos viajes tiene algún tipo de problema. Este es un sistema moderno que se utiliza por primera vez en la Región Metropolitana. «Necesitamos modernizar y ahora eso va a ser hecho, porque desafortunadamente algunas personas están usando un derecho que no son de ellas», explicó el alcalde Orlando Morando (PSDB).
Los vehículos que ya cuentan con el sistema de biometría facial se identificaron con placas que avisan sobre el programa y también sobre las consecuencias referentes al crimen de falsedad ideológica. Según el Código Penal, en el artículo 299, la pena por omitir, en documento público o particular, declaración que de él debía constar, o insertar o insertar una declaración falsa o diversa de la que debía ser escrita, con el fin de perjudicar el derecho, crear obligación o alterar la verdad sobre el hecho jurídicamente relevante «puede causar una pena de uno a cinco años de prisión, además de una multa.
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