El ‘apagón’ de los motores en los buses que funcionan con diésel empezará a partir del 2025 en Ecuador. Desde ese año, los vehículos que se incorporen al sistema de transporte público urbano e interparroquial deberán ser “únicamente” eléctricos. Esta disposición consta en el artículo 14 de Ley de Eficiencia Energética.
En esta normativa, que fue publicada en el Registro Oficial en marzo pasado, se plantea que el uso racional y sostenible de este recurso será de interés nacional. Los sectores en los que se priorizará el uso eficiente de la energía son el transporte y la construcción.
La implementación de las medidas necesarias para que se cumplan las disposiciones que se emitan desde el Sistema Nacional de Eficiencia Energética -creado con este instrumento- estarán a cargo de los gobiernos locales. Actualmente, 26 251 buses que circulan en el país funcionan con diésel o gasolinas. De estos, 20 444 tienen 15 años o menos de estar operativos. Es decir, se encuentran dentro de los 20 años de vida útil establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). La incorporación de buses eléctricos en el país ha sido mínima, aunque algunas ciudades están haciendo la diferencia. Guayaquil adquirió 20 unidades en febrero pasado, que ya están circulando en la ciudad. Quito tiene troles que funcionan con electricidad y diésel desde 1995. Y a fines de este año está previsto que empiece a operar el Metro.
En cambio, Cuenca posee el sistema de transporte del tranvía, que se encuentra en pruebas. La demanda de vehículos particulares eléctricos ha sido también baja. Desde que se presentó este programa, en el 2016, hasta febrero pasado se han comercializado 357 unidades. Esto representa, según cifras de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), menos del 1% de todos los automotores vendidos en el país, en los últimos tres años.
Para cambiar estas cifras y dar el salto del uso de combustibles fósiles (gasolinas o diésel) a la electricidad se requiere -aparte de las metas fijadas en la Ley- un plan, refirió Genaro Baldeón, presidente ejecutivo de la Aeade. En este instrumento se debe considerar cómo se financiará la adquisición de estas unidades de servicio masivo y la instalación de la infraestructura para cargar las baterías, conocida como electrolineras.
En promedio, el precio de una unidad eléctrica nueva asciende a USD 360 000, mientras que un bus que opera con diésel cuesta la tercera parte, es decir, USD 120 000. Para que esta inversión se justifique, José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte de Quito y Pichincha, mencionó que las autoridades competentes deben transparentar el precio del pasaje. Otra opción es que el municipio o el Gobierno otorgue incentivos o subsidios. Según la Ley de Eficiencia Energética, el transporte eléctrico público y particular, en lo que fuese aplicable, contará con tarifas diferenciadas. Estas serán fijadas a través de un reglamento que se debe emitir hasta junio próximo. La instalación de las electrolineras es otro aspecto importante.
Según las especificaciones, los buses pueden recorrer un determinado kilometraje con su batería cargada. Las unidades de Guayaquil tienen una autonomía de 250 kilómetros. Para recargarlos se contará con 20 electrolineras. Cuenca contará también con estas instalaciones. Juan Espinoza, docente investigador de la Universidad de Cuenca, explicó que esta institución realiza pruebas con 12 electrolineras de carga rápida adquiridas por Neohyundai. Cuando concluya este proceso se entregará un aval para levantar estas infraestructuras en Azuay, en este año.
Luego se extenderá al resto del país. Impulsar esta tecnología en el transporte masivo contribuye a cuidar el ambiente y a genera ahorros para el Estado, pues se reduce la importación del diésel, que es el derivado que más se consume en este segmento, expresó Fernando Salinas, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. En el 2018, por ejemplo, se destinaron USD 132 millones para importar este derivado, según el Banco Central del Ecuador. Esta cifra representa el 48% del total de recursos asignados para la compra de todos los combustibles. Además, al pasar de diésel a electricidad se aprovechará la capacidad instalada para generar energía que tiene el país. Antes de dar este paso, la Aeade sugirió que el Gobierno Nacional mejorara la calidad de los combustibles. Actualmente, el diésel tiene alrededor de 60 o 70 partículas por millón (ppm) de azufre.
Estas características hacen que resulte compatible con la tecnología Euro 3 que, para los países desarrollados, ya es obsoleta. A escala mundial se usa tecnología Euro 5 o Euro 6, que exige diésel de mejor calidad (menos de 10 ppm). La Ley de Eficiencia Energética dispone al Ministerio del ramo garantizar la calidad de los combustibles en el país, promover la producción de biocombustibles y establecer políticas para contar con la infraestructura que requiere el transporte eléctrico.
La mejora de la calidad de los combustibles se inició en el 2012, pero no ha sido constante, expresó la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleos del Ecuador. La extra y la ecopaís se venden con dos octanos menos (85) desde el 2014 y la súper tiene 92, desde septiembre pasado.
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