Empresarios del transporte dicen que están al límite y piden mejorar los costos

Los empresarios del sector del transporte público de pasajeros mantienen una tensa relación con el Gobierno. No estuvieron en el microcine de Economía escuchando el anuncio de las nuevas tarifas y, aseguran, que está «en riesgo la sustentabilidad del sistema».

Mediante un comunicado, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) reiteró la «necesidad» de que el Estado «convoque a un diálogo profundo y sincero sobre la sustentabilidad del sector amenazada por la ausencia de una hoja de ruta que la garantice en el mediano y largo plazo».

Los empresarios nucleados en esta entidad una de las cinco que conforman el mundo de las 140 empresas que mueven en 18.800 colectivos 3500 millones de personas al año en el AMBA señalaron que los aumentos de tarifas anunciados por el ministro Guillermo Dietrich «atiende la realidad de las cuentas públicas, pero no la de un sector cuyas tarifas se han mantenido congeladas por 23 meses, en un contexto de 73% de inflación».

Los empresarios entienden que ya hicieron el esfuerzo y afirman que «por más de dos años las empresas han colaborado con las autoridades, acompañando todas las iniciativas y solicitudes, brindando servicios y afrontando fuertes recortes en los ingresos», pero que llegaron al límite. Señalan que la modificación de la tarifa es un dato «casi irrelevante» para las economías de las empresas. La tarifa se establece por criterios políticos y lo que no ingresa por recaudación de la SUBE, al ser un servicio público lo cubre el Estado.

Lo que quieren los empresarios es que se calcule «correctamente» los costos de la actividad, y señalan que las autoridades lograron «ahorros» al reducir los fondos destinados a subsidios al transporte, recortando y recalculando rubros de la estructura de costos de las compañías pero que esos «supuestos ahorros fueron recortando los márgenes de rentabilidad sin resolver las distorsiones impositivas que no contempla el modelo de costos».

En paralelo al reclamo empresario, el director de Consumidores Libres, Héctor Polino, anunció que impugnará judicialmente los aumentos porque no se realizaron audiencias públicas previas, y lo consideró un «incremento abusivo» que contradice fallos de la Corte Suprema.

Según la agencia NA, Polino vaticinó «fallos favorables porque el artículo 42´ de la Constitución Nacional dice que en las relaciones de consumo, los usuarios tienen derecho a la información adecuada y veraz».

 

Fuente:

Cronista

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