Una norma establece que la mitad del parque automotor debe ser adaptado.
Volver a estudiar es una batalla para Vanesa Molina. No porque la joven de 23 años le tenga miedo a los apuntes y a los libros, sino por el transporte. “Tuve un accidente de tránsito hace tres años, hubo daño medular y quedé parapléjica. Ahora ando en silla de ruedas. Quiero volver a estudiar Profesorado en Lengua y Literatura en el terciario, pero viajar en ómnibus es un problema”, explicó Molina. Como la línea que pasa a dos cuadras de su casa (Avenida Colón al 2.400) no tiene colectivos con rampas, se traslada 17 cuadras en silla de ruedas hasta la parada de otra línea que sí tiene coches adaptados (Avenida Independencia y Coronel Zelaya). “Con la falta de rampas en los colectivos, veredas y edificios, al final una se siente doblemente discriminado”, afirmó.
A pesar de que la ley provincial N° 7.811 establece que el 50% de los colectivos debe tener rampas para discapacitados, apenas 170 de los 1.200 colectivos del transporte público provincial tienen rampas, según datos cruzados de la Dirección General de Tránsito de la Provincia y de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Capital. En San Miguel de Tucumán sólo una de las 14 líneas urbanas cumple con la norma (ver tabla). Ninguna de las 56 líneas interurbanas y rurales alcanza el porcentaje establecido.
Normas sin cumplir
La Legislatura sancionó en septiembre de 2006 la ley N° 7.811. “Desde el año 2010 en adelante deberán contar, por lo menos, con el 50% de las unidades adaptadas de la totalidad de unidades de la líneas”, establece el artículo 3° de la norma. Es decir, la mora en el cumplimiento lleva ocho años. Hernán Aldonate, titular de la Dirección General de Transporte de la Provincia explicó que la cantidad de unidades adaptadas ronda entre el 10% y el 15% de los 800 colectivos interurbanos (90 unidades). “Es complicado lograr que los empresarios cumplan porque para trabajar con las rampas es necesario que haya cordón y en muchas líneas rurales los caminos no están en condiciones”, se excusó el funcionario. Aclaró que trabajan con los propietarios de las firmas para aumentar cumplir con la ley.
La Municipalidad adhirió a la norma provincial con la sanción, en diciembre de 2007, de la ordenanza N° 3.937. Sin embargo, la Capital recién emitió un decreto reglamentario en abril de 2009. El instrumento, firmado por el entonces intendente Domingo Amaya y por el subsecretario de Tránsito Juan Esteban Giovaniello, establecía que desde 2013 el 50% de los coches de las líneas urbanas debían tener rampas. “Establécese que las empresas del transporte público deberán publicitar el horario y frecuencia de la prestación diaria de los servicios de las unidades diferenciales. En caso de incumplimiento de los plazos previstos en el decreto (…) se aplicará una multa de $ 5.000 a $ 50.000 el cual se graduará tomando en consideración en incumplimiento en la cantidad de vehículos adaptados y la reicindiencia”, rezaban los artículos 2° y 3° del decreto reglamentario N° 1.477 de la Secretaría General municipal.
El titular de la Unidad Operativa de Tránsito y Transporte, Enrique Romero, explicó que desde el inicio de la gestión del intendente, Germán Alfaro (Cambiemos), se incorporaron 130 colectivos cero kilómetros en las líneas urbanas, y que 80 cuentan con rampas y piso bajo. De acuerdo con un informe de diciembre de la Municipalidad, sólo la línea 12 cumple con la ordenanza, con 20 colectivos con rampas de 40 coches (ver tabla).
“Hasta hace dos años sólo había dos coches de los 430 de la capital con rampas. Ahora, en el último mes, la cifra llegó a 80 (casi el 20% del total). No es mágico, pero estamos trabajando y sin lugar a dudas que la calidad del transporte es mejor en la Capital que en el resto de la Provincia”, defendió Romero.
Respuesta empresaria
“Urge una política de estado de transporte”
Desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), aseguraron que la mora en el cumplimiento de la ley que obliga a que al menos el 50% de los colectivos tengan rampas se debe a la falta de infraestructura (caminos de tierra y sin cordón) y por el atraso en la tarifa. “Hay una campaña contra los empresarios. Tenemos una tarifa menor a la que pedimos. Solicitamos exenciones de impuestos para no subir la tarifa y poder brindar un servicio acorde, pero no hubo respuesta. Clamamos por una mesa de trabajo para definir una política de transporte, lamentablemente no podemos tener un mejor servicio si no cubrimos los costos”, aseguró Daniel Orell, titular de Aetat.
Licitarán la Línea 18 en la capital
El intendente Germán Alfaro había informado que caducó la licitación de la Línea 18, a cargo de la UTE Colón. El titular de la Unidad Operativa de Tránsito, Enrique Romero, explicó que la decisión se firmó porque una de las cuatro empresas que explotaban la línea “no prestaba propiamente” el servicio. “Se otorgó de forma precaria la concesión para no afectar al usuario y se enviará el pliego de licitación al Concejo, donde también debe tratarse el pliego de la línea 11”, afirmó Romero.
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