Desde el Gobierno porteño insisten en que presta un servicio de Transporte y debe ajustarse la regulación local. Desde la empresa sostienen que brindan un servicio de intermediación entre privados.
La orden del juez Roberto Gallardo de suspender el funcionamiento de Rappi, Glovo y Pedidos Ya en una ciudad en la que Uber es ilegal, pero igual opera, despertó preguntas. ¿Por qué a Uber se lo considera ilegal y por qué a las app de delivery, no?
La respuesta es sencilla: el Gobierno porteño no concibe a Uber como una mera plataforma digital, sino como un servicio de transporte de pasajeros. Por lo que le exige que se adapte al Código de Tránsito y Transporte y a la ordenanza 47561, que regula a los remises.
«Uber funciona en completa ilegalidad respecto de la normativa porteña y nacional», dijeron desde la secretaria de Transporte a Clarín. «Ellos se presentan como aplicación, pero son una compañía multinacional de transporte que usa la tecnología para ofrecer un servicio ilegal, que además evade todos los impuestos posibles», agregaron.
Parece un tecnicismo pero la manera en que el Gobierno define a Uber y el modo en que la empresa se presenta son un debate, que se discute en la Ciudad de Buenos Aires y en el mundo, donde Uber siempre se movió bajo el mismo modelo: ingresar a la fuerza y luego, quizás, adaptarse a la norma.
Si se trata de un servicio público de transporte, como dice el Gobierno, necesita de la autorización gubernamental y de su regulación, pero si se trata de un servicio entre privados pactado a través de la tecnología, como dice Uber, eso no sería necesario.
Desde abril de 2016, cuando empezó a operar en la Argentina, Uber afirma que su funcionamiento es legal de acuerdo con el artículo 1280 del Código Civil y Comercial argentino, que refiere a los contratos de transporte «entre privados». Traducido: dicen ser una empresa de tecnología, que no es taxi ni remís, porque conecta a usuarios que necesitan hacer un viaje con «socios conductores».
«La Justicia Argentina en distintas instancias resolvió con absoluta contundencia que Uber es completamente legal. La Corte Suprema confirmó fallos de primera instancia y de Cámara que establecen que la actividad de Uber es ‘claramente lícita’ y no es un delito. Por otro lado, en sentencias firmes de la propia Justicia porteña se estableció que conducir usando la app de Uber no es una contravención ni falta. Ademas, los intentos de bloqueo de la aplicación y sitio web fueron rechazados por la Justicia y condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos», se defienden en Uber.
Pero mientras tanto, la Secretaría de Transporte porteña sigue reteniendo los autos a los conductores de Uber por «transporte ilegal» y los multa con 10.000 Unidades Fijas, un monto que se fija en función del precio del combustible y que hoy está en $ 214.000. Mientras que en el caso de las apps de delivery, la Policía de la Ciudad, a pedido del juez Gallardo, para a los repartidores de Rappi, Glovo y Pedidos Ya y les retiene la comida.
«Desde el día uno, Uber llegó sin cumplir ni una norma, distinto a las empresas de delivery que llegaron, se presentaron y dijeron ‘queremos dar este servicio, cuál es el marco normativo», comparó esta mañana el secretario de Transporte Juan José Mendez en diálogo con Radio La Red. «Estas empresas hicieron los trámites correspondientes, pagan sus impuestos y a todas las personas las tienen con su correspondiente seguro. En el caso de Uber, no es así. La Afip dice que deben $ 380 millones, entre impuestos y contribuciones patronales», agregó.
Pero ni Juan José Méndez ni el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien defendió a las app de delivery y cuestionó al juez Gallardo, puntualizaron en las quejas y denuncias de trabajadores sobre las condiciones de explotación laboral que involucran a estas app.
El debate sobre la legalidad volvió a tomar relevancia esta semana, cuando se supo que Uber comenzó a reclamarle a los choferes el pago de las comisiones (del 25% por cada viaje) que muchos no pagan desde 2016.
Cuando comenzaron los conflictos con la Justicia, desde la aplicación, como no podían cobrar los servicios mediante tarjetas de crédito, dejaron de percibir las comisiones que ahora reclaman. Dijeron que iban hacerlo cuando el servicio fuera legalizado. Esto no paso, y muchos choferes se niegan a pagar, aunque otros ya lo hacen.
Por el momento, a nivel gubernamental, el único servicio a regularizar es Uber. En todo el territorio argentino, sólo en Mendoza es legal. En esa provincia, la Ley de Movilidad fue modificada para reconocer el transporte entre privados a través de plataformas digitales. Eso implica que la empresa debe ser «solidariamente responsable»
con los prestadores del servicio y tributar impuestos locales, además de tener oficina comercial en Mendoza. Lo que se traduce en un impuesto específico y la posibilidad de que los taxistas también puedan usar la aplicación.
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