La Justicia allanó la empresa DOTA por la toma de la UTA

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Hubo 16 operativos en oficinas de la empresa y en viviendas de choferes alineados con el dirigente opositor Bustinduy.

La Justicia allanó oficinas de la empresa de transportes DOTA ante la sospecha de su posible vinculación con la toma de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llevada adelante por parte de un sector opositor del sindicato el 16 de diciembre pasado. Las medidas hicieron recrudecer una disputa gremial interna que tiene sus repercusiones en las empresas de colectivos, la CGT y hasta el Gabinete nacional. La UTA tiene la representación de todos los colectiveros de corta, media y larga distancia del país, además de la personería formal sobre los empleados del subterráneo porteño, y su rol es fundamental en la gestión de los multimillonarios subsidios que circulan en la actividad y mantienen a raya las tarifas.

Los operativos fueron ordenados por la jueza de Instrucción Vanesa Peluffo, del Juzgado 63 de la Ciudad de Buenos Aires, a pedido de la fiscal Estela Andrades en la causa que ambas tramitan a raíz de los incidentes que se produjeron durante la toma de la sede central de la UTA en la Capital Federal. En aquella oportunidad, un grupo de colectiveros referenciados en el dirigente opositor Miguel Bustinduy, de la agrupación interna “Juan Manuel Palacios”, atacó el edificio y logró ingresar por la fuerza, lo que obligó al secretario general del sindicato, Roberto Fernández, a huir por la terraza junto a sus colaboradores.

La disputa entre Fernández y Bustinduy quedó al descubierto el año pasado cuando el opositor vio frustradas sus intenciones por competir en la elección de la UTA y encontró apoyo en el camionero Hugo Moyano, consecuente patrocinador de otros contendientes del líder sindical como los propios “metrodelegados” del subte. Fernández, en tanto, se cobijó con la estructura formal de la CGT y mantuvo buen diálogo tanto con la gestión de Mauricio Macri como con la de Alberto Fernández tras la elección. Su ventaja: contar con la firma legal de los convenios colectivos de trabajo y los aumentos salariales de los choferes que dependen de la gestión de los subsidios a cargo del Ministerio de Transporte. De hecho, un histórico abogado de la UTA, Abel De Manuele, fue nombrado en esa cartera como jefe de Gabinete del ministro Mario Meoni.

Los allanamientos, alrededor de 16 en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, se concretaron el jueves pasado. Al menos uno de ellos fue en la cabecera de la línea 25 que la empresa de transportes DOTA tiene en el barrio de La Boca. La firma, que ostenta el manejo de más de la mitad de las líneas de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es considerada el eje del poderío de Bustinduy y, según la UTA, una suerte de facilitadora de las protestas opositoras. Esa línea discursiva fue replicada por el Ministerio de Transporte tras un paro nacional de colectivos organizado por la lista “Juan Manuel Palacios” el 11 de febrero. Incluso desde esa cartera prometieron tomar medidas contra las empresas que hubiesen paralizado sus servicios.

No fue, sin embargo, la primera vez que oficinas de DOTA fueron allanadas por este conflicto. El 26 de diciembre, dos semanas después de la toma de la UTA, en la empresa reconocieron que la Justicia ingresó en varias de sus oficinas dentro de las líneas de colectivos que administra aunque alegaron que no hubo secuestro de elementos. La semana pasada hubo incautación de bienes. En DOTA argumentaron que entre los productos secuestrados hubo electrodomésticos que, dijeron, formarían parte de un convenio que el personal tiene con un comercio del rubro. Otros operativos se desarrollaron en viviendas particulares y lugares frecuentados por choferes y delegados sindicales identificados con la lista que encabeza Bustinduy.

El presidente del grupo DOTA, José Faijá, hizo llegar la semana pasada un descargo ante los ministros de Transporte, Mario Meoni, y de Trabajo, Claudio Moroni, orientado a separarse de las actividades de Bustinduy e incluso a declararse víctima de sus protestas. En el escrito la compañía alegó que decidió cambiar “radicalmente” su postura pasiva frente a las declaraciones que la relacionan con el líder opositor luego de que Fernández dijera que la huelga del 11 de febrero había sido “un paro de DOTA”.

En un extenso escrito Faijá se presentó como víctima de una disputa intrasindical y buscó aclarar que intentó sin éxito que sus unidades se movilizaran con normalidad durante el paro organizado por Bustinduy. En todo momento, sin embargo, apuntó contra Fernández como mayor responsable de la conflictividad que según dijo, lo perjudica tanto como a los usuarios.

 

Fuente:

Ámbito

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