Congelar luz, colectivos y trenes costó $300.000 millones

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La otra cara de mantener sin aumentos las tarifas de electricidad y los pasajes de colectivo y trenes son los subsidios que el Estado paga para compensar la diferencia con los costos, indicó IARAF

El congelamiento de la tarifas de energía eléctrica y de los pasajes del transporte en colectivo y tren no es gratuito, ya que el Estado nacional debió pagar en los primeros seis meses del año casi $300.000 millones para compensar a las empresas prestadoras de esos servicios la diferencia entre los costos de explotación y el precio que cobran por el servicio.

El cálculo, en base a estadísticas oficiales, fue realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que precisó que en el primer semestre el Estado debió desembolsar $210.401 millones para subsidiar a las compañías distribuidoras de energía eléctrica y $82.450 para hacer lo mismo con las empresas del autotransporte de pasajeros y concesionarias de los ferrocarriles.

Cuánto cuesta el congelamiento

El total de $292.851 millones fue equivalente a 7 de los 21 puntos porcentuales que se cobran por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o bien a todos los aportes personales que realizan los empleados en relación de dependencia, de 11% de su salario bruto.

Hasta 2001 las tarifas de los servicios públicos (luz, gas, agua, teléfono, transporte en colectivo, tren y avión) no estaban bonificadas con subsidios y cubrían la totalidad de los costos de explotación.

Con el fin de la convertibilidad y la inmediata devaluación del peso, el gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde tuvo que renegociar los contratos de las compañías de servicios públicos, que hasta entonces estaban dolarizados en la mayoría de los casos.

Para evitar agravar el costo social, se recurrió a compensar con subsidios la diferencia entre las tarifas cobradas a los usuarios y los costos de explotación en casi todos los servicios, con excepción de los teléfonos.

El peso de los subsidios

El peso de los subsidios fue creciendo paulatinamente hasta convertirse en 2015 en el principal factor del déficit fiscal.

En la Presidencia de Mauricio Macri se intentó reducir el nivel de subsidios, lo que se tradujo en un significativo aumento de las tarifas, hasta que en el segundo trimestre de 2019 se volvió a la política de congelamiento, prorrogada por el actual presidente Alberto Fernández hasta diciembre de este año.

En lo que hace al servicio de electricidad, IARAF precisó que “lo que se congela es el precio (la tarifa) que pagan los usuarios residenciales, no obstante, el costo del servicio se sigue moviendo al ritmo de variables como la inflación, y el valor del dólar en los casos en los que se requiere de insumos importados para prestarlo”.

“La diferencia, creciente en el contexto inflacionario actual, es pagada por el Estado”, agregó.

La entidad dirigida por el economista Nadín Argañaraz distinguió dos etapas en la relación entre las tarifas y la inflación, ya que hasta julio de 2019 las primeras crecían más que los precios en general “con la finalidad de reducir el déficit fiscal asociado a la cobertura de las diferencias”.

Pero con el congelamiento iniciado a mediados del año pasado “el índice de precios regulados queda prácticamente fijado y su variación interanual cae por debajo de la variación interanual del IPC, reflejando un nuevo proceso de atraso relativo”.

Al respecto, destacó que “la diferencia no es menor: el índice de precios regulados mostró variaciones 20 puntos porcentuales menores a la inflación general de la economía”.

 

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