Un grupo empresario quedó envuelto en denuncias y allanamientos por presuntas irregularidades por la licitación de la concesión de la Línea 141

Se conocieron numerosas causas judiciales contra el Grupo Z en Juzgados federales porteños. Las unidades llegadas desde Buenos Aires envueltas en un conflicto que terminó en los estrados judiciales.

El grupo empresario que mayoritariamente maneja el transporte de pasajeros de Posadas, una vez más quedó envuelto en denuncias, investigaciones y allanamientos por presuntas irregularidades por una licitación al pretender quedarse con la concesión de la Línea 141, en la ciudad de Buenos Aires.

 

Voracidad infinita

Después que las autoridades del área de transporte del Gobierno anterior realizaran maniobras que se están investigando bajo la esfera de la Justicia, producto de la distribución de las compensaciones (subsidios) tarifarias, se han producido, grandes beneficiados y grandes perjudicados, que originaron reclamos y conflictos múltiples, que derivaron muy llamativamente en un llamamiento a una licitación (Edicto 27381/2020) publicado en el Boletín Oficial el 15/7/20, bajo un formato muy sui generis, con un plazo máximo de 4 días, y se debían acreditar la compra de 85 coches que no estuvieran afectados a otros recorridos, y a cambio se extendería un permiso transitorio para la adjudicación de la Línea 141 de la empresa Mayo SATA perteneciente a la familia Cirigliano.

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Los oferentes a esta licitación fueron dos: una fue la empresa ERSA Urbano que está en concurso de acreedores y técnicamente quebrada; y una UTE integrada por La Central de Vicente López y el operador de servicios provinciales Nuestra Señora del Rosario (pertenecientes ambas a Marcelo Zbikoski).

Esta causa tramita en el Juzgado Federal número 10 y tiene como denunciados a Eduardo y Marcelo Zbikoski, Héctor Prieto, Roberto Fernández, Guillermo Krantzer, Eduardo Sicaro y Guillermo Dietrich.

Por ende, esta licitación mencionada fue objetada, argumentando que fue diseñada sólo para ser ganada por uno solo de los denunciados en la causa CFP2864/20 (Sr. Marcelo Zbikoski).

Dicha licitación se dio bajo el marco de una investigación judicial por la comisión del posible delito de “Defraudación al Estado y a otras empresas de transporte”, haciéndolas deficitarias con la intervención del Estado con el objeto de comprarlas posteriormente.

Esta voracidad infinita trajo aparejada el inicio de una nueva causa -la CFP 5396/20- donde se investiga a Dietrich, Marcelo Zbikoski, Krantzer, Fernández, y Romero bajo el posible delito de concreción de fraude anteriormente mencionado, tramitándose en el Juzgado Federal 7 del Dr. Casanello, Fiscalía 2 del Dr. Rivolo.

 

Litigiosidad múltiple

Es la forma de aplanar los obstáculos a través del litigio. Definiendo obstáculo como un posible detractor y siendo un detractor, todo ser que obstaculice sus ambiciones.

Esta es la forma que crearon estas empresas para acallar las investigaciones, cercenar la opinión, y limitar la crítica ante cualquier nota o investigación.

Andanadas de cartas documentos, presentaciones judiciales que pretenden silenciar a la opinión pública, arrogando demostraciones de poder e influencia como medio de amedrentamiento fueron, son y posiblemente serán sus formas.

 

Engaños frecuentes

Mucho se habla de esto en Posadas respecto del hacinamiento de los pasajeros en los medios de transporte, también de las nuevas normativas para viajar en los mismos producto de la pandemia.

Críticas de los usuarios, organizaciones vecinales, entidades intermedias e investigaciones de la prensa al respecto se vieron acalladas con la aparición de 60 coches de la empresa que maneja el transporte de Posadas mayoritariamente. Haciendo una demostración de “fuerte inversión” en la provincia y en el transporte automotor de pasajeros.

Las investigaciones pertinentes dieron como resultado que los mencionados coches se encuentran registrados en otra empresa: La Central de Vicente López SA, para efectuar otro servicio, otros recorridos, y debiendo satisfacer a otros usuarios. Por ende percibiendo subsidios probablemente en otra jurisdicción.

Por otra parte tampoco los coches son cero kilómetro. Lo que sí fueron recurrentemente es ploteados, conservando todavía los números de interno de su anterior empresa donde estarían registrados.

Para finalizar este capítulo de engaños, estos coches forman parte de los 85 comprometidos en la licitación por la Línea 141 de Buenos Aires, suspendida judicialmente con expedientes secuestrados bajo allanamientos de la Justicia Federal.

 

Rentabilidad indefinida

De la mano de la voracidad infinita surge el brazo ejecutor, que es la rentabilidad indefinida, siendo indefinido todo aquello no determinado fehacientemente, no controlado, no auditado.

Esto fue conseguido a través de obtener la no implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) Nacional.

Todo conocedor o analista del transporte público de pasajeros sabe que la tarjeta SUBE es el corazón del sistema de control de rentabilidad y, por ende, del manejo de las compensaciones (subsidios) por persona transportada.

El no permitir que se instale la SUBE Nacional deja al usuario, y al Gobierno en el ocultismo respecto de los pasajeros transportados y la recaudación percibida, con lo cual el prestador, las empresas nucleadas entre ellos que además -menos una- pertenecen a un mismo dueño, dicen cuántos, cómo y dónde transportan y negocian compensaciones, siendo juez y parte en la transacción.

 

La rentabilidad es el objeto empresario

La rentabilidad indefinida es el perjuicio del débil desprotegido por quien debió cuidarlo (el Estado) ante la mirada atónita de un control inexistente.

 

Investigaciones judiciales diversas

De una investigación de PRIMERA EDICIÓN surge, entre otras cosas diversas que son y serán sujeto de análisis posteriores, datos objetivos y concretos respecto de causas judiciales en curso sobre el prestador del transporte público de Posadas.

Las causas denunciadas y en vías de investigación tienen un común denominador: favoritismos del poder para la obtención de nuevos servicios, maximización de la rentabilidad a través de una voracidad sin límite, como consecuencia de la eliminación de los sistemas de control.

De esto nos hablan las causas CFP 2864/2020 que tramita el Juzgado Federal 10; la CFP 3023/13 en el Tribunal Oral Federal 6; y la CFP 5396/2020 que se sustancia en el Juzgado Federal 7.

 

Corolario

Esta investigación y las próximas ampliaciones nos piden a gritos el rol de velar por el usuario del transporte público. ¿Quién tomará este rol? ¿Será la ciudadanía, será el Gobierno o será el prestador monopólico?

Será la hora de que el ciudadano opine, se involucre, declame lo que quiere, lo que necesite o simplemente la contraprestación por lo que paga.

En el corto plazo será el momento de focalizar sobre otros tópicos que involucren al transporte de pasajeros misionero, será el momento de profundizar sobre costos, rentabilidades y subsidios que perciben las empresas y que involucran a todos los habitantes, usuarios o no del servicio, que son los que pagan estos aportes.

 

Fuente:

Primera Edición

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