La decisión del Gobierno nacional de volver a implementar una medida de 2010 que regula la importación de libros y otros productos gráficos causó estupor en el ámbito editorial local. Con la firma de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, la Resolución 253/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo reflota una cuestionada decisión del exsecretario Guillermo Moreno que, en su afán por equilibrar la balanza comercial, puso trabas con el argumento de un control de tintas que podían afectar la salud de la población. La instrumentación de la medida, que demandaba pruebas en laboratorios privados, resultó inaplicable por los costos y fue reemplazada en los hechos por la exigencia de exportar, a cambio de habilitar la importación de libros. No obstante, la Resolución publicada ayer en el Boletín Oficial restituye la medida anterior sin grandes cambios e incluso con una rimbombante apelación al artículo 42 de la Constitución Nacional.
En especial, la resolución afecta directamente a las distribuidoras locales de libros extranjeros, a las editoriales que imprimen libros en el exterior y a las filiales de sellos con sedes en otros países, desde donde envían lotes de ejemplares. «No es la primera vez que se adopta la medida del control de tintas -dice Fernando Fagnani, vicepresidente de Riverside Agency, que distribuye en el país libros de Anagrama, Galaxia Gutenberg, RBA y Nórdica, entre otras editoriales extranjeras-. En su día, lo hizo Moreno, entre 2011 y 2015. Entonces se evaluaron centenares, acaso miles de títulos, con resultado previsible: las tintas que se usaron en esos libros no generaban ningún problema. Ahora se vuelve con lo mismo, y seguramente se obtendrá el mismo resultado. De modo que se puede pensar que el objetivo es otro, porque la lícita preocupación por la salud de los lectores no tiene mayor fundamento. En última instancia, se podría pedir un certificado de expedición, donde se garantice que los libros cumplen las normas que fija el Estado, como sucede con otros productos que se importan».
Para Fagnani, en el contexto actual de la economía argentina, agravado por la pandemia, era esperable que hubiera problemas con las importaciones. «Lo que no se comprende es la adopción de una medida de este tipo, que ya se demostró inútil, salvo para retardar o frenar la salida de divisas -agrega-. Hubiera sido mucho más productivo para el sector editorial, para los lectores y para la economía en su conjunto una explicitación del problema con las autoridades de las cámaras que nuclean a editores y distribuidores y luego la búsqueda de soluciones conjuntas. Sobre todo porque en la balanza comercial de la Argentina el déficit que produce el sector es, en el peor de los casos, ínfimo». Hasta julio de este año las importaciones de libros y otros productos gráficos apenas acumularon veinticuatro millones de dólares.
Representantes de la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP) y de la Cámara Argentina del Libro (CAL) solicitaron una reunión con Español, el ministro Matías Kulfas y su par de Cultura, Tristán Bauer. Desde las cámaras advierten que la medida no es oportuna en el contexto actual, en el que se registran caídas históricas en la producción y la venta de libros. La secretaria de Comercio Interior prometió fijar una fecha en los próximos días.
La resolución de Moreno fue derogada en enero de 2016 por el gobierno de Cambiemos. «Era un disparate -sostiene el exsecretario de Cultura Pablo Avelluto-. La habíamos derogado a principios de la gestión. Es arbitraria, proteccionista y paraarancelaria, un retroceso que va a perjudicar a los lectores al encarecer el acceso a los libros importados. Solo se beneficia un grupo de impresores que creen que tienen derecho a imponernos su ineficiencia: libros caros pero nacionales».
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Fuente:
Boletín Oficial
