La polémica por los subsidios al transporte urbano y provincial de pasajeros amenaza con paralizar el servicio en unos meses. No es menor la advertencia de la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap). Sucede que el sector sobrevive con el dinero del Estado desde 2002 y la sola amenaza de que el flujo pueda reducirse lo pone al borde la quiebra.
Este año es, quizás, el que más motivos tienen para levantar la voz. Por un lado, la cuarentena los dejó sin actividad. Sólo para dar un ejemplo, el Gobierno sólo deja subir al transporte público a los trabajadores esenciales; el potencial usuario se redujo por obra de las restricciones. Pero a esta cuestión de hecho se suma una más. Los colectiveros del interior se quejan de que cada vez hay más discriminación entre las empresas de la zona metropolitana y ellos.
El malestar quedó zanjado en un comunicado de la Fatap. «Por primera vez desde 2002, el Ministerio de Transporte dejó de transferir con regularidad los fondos para el transporte de pasajeros, trasladando el problema a provincias y municipios. Como consecuencia de ello, el sector perdió las condiciones mínimas de sustentabilidad y tiene serias dificultades para mantener los 40.000 puestos de trabajo. Se repite la política de ajuste que en los ’90 se aplicó al sistema ferroviario, lo que terminó desguazando el sistema», dice un documento hecho público por la entidad.
Es que el servicio que prestan está limitado y, además, no aumentaron las tarifas a pedido del propio Gobierno. Sin recaudación y sin pasajeros, los costos se dispararon.
«Muchos gobernadores e intendentes continúan mirando para otro lado y a esta altura de los acontecimientos deberían ser conscientes de las consecuencias que traerá aparejada esta situación terminal de un servicio central para la vida económica y social de sus jurisdicciones. Ya no deberían permitir que la Nación discrimine al interior en favor del AMBA, al que le cubren el 60% de sus costos mientras que a todo el interior le cubren tan solo el 20% de los mismos provocando las consecuencias que padecemos», dice el comunicado.
El transporte de colectivos urbano fue una de las actividades que no estuvo alcanzada por las medidas de apoyo que entregó el Gobierno en su momento. Sucede que al ser servicio esencial no le llegaron los auxilios oficiales. «El transporte urbano no fue alcanzado por ninguna de las medidas dictadas a nivel nacional para paliar la crisis económica provocada por la Emergencia Sanitaria. No se ha otorgado al sector ATP, Repro ni tampoco se le ha permitido tramitar procedimientos preventivos de crisis», advirtió la central empresaria.
El problema de los colectivos urbanos es distinto al que tiene los de larga distancia. Para los dueños de los ómnibus sí hubo y hay ayuda. De hecho, con los coches parados desde marzo, los empresarios reciben del Estado la ayuda necesaria como para pagar los sueldos de los empleados. Eso sí, por lo bajo se quejan de que no hay una moneda para otros gastos, como mantenimiento de las unidades. Además, tienen un problema adicional: el regreso de la actividad será muy lento y demasiado limitado.
Finalmente, la entidad sumó un pedido más. «Fatap, fiel a su tradición de diálogo y trabajo, se pone en este acto a disposición de las autoridades nacionales, provinciales y municipales con competencia en la materia para generar de modo concreto y muy urgente soluciones concretas para evitar afectar a los usuarios con la interrupción de los servicios y la destrucción de 40.000 puestos de trabajo».
Fuente:
La Nación – Diego Cabot
