Buscan modernizar los procedimientos para el control de la prestación de los servicios y aumentar la seguridad de los pasajeros en los servicios prestados en el ámbito de la Provincia.
En la Cámara alta santafesina vuelve a presentarse un proyecto de ley que busca obligar a las empresas prestadoras del servicio de transporte de pasajeros en el ámbito provincial, a instalar en cada unidad un geolocalizador. El objetivo es tener información confiable sobre la eficiencia en la prestación de los servicios así como respecto de la seguridad de los transportados.
En la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se encuentra la iniciativa que, como ya fue aprobada sin disidencias en 2017, solo requiere de ese paso para llegar al Orden del Día y así obtener media sanción. En rigor, el de ahora es del tercer intento por hacer avanzar esta ley que también fue presentada en 2019, sin que se concrete su aprobación.
Se trata de un proyecto de Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias) que establece la obligatoriedad de dotar a cada uno de sus vehículos de un GPS (Global Positioning System).
Con la norma en discusión, la autoridad de aplicación debería vigilar que se instalen esos equipos a los fines de «mejorar las condiciones del servicio y prevenir accidentes y tragedias de tránsito», indica el legislador en los considerandos.
Los sistemas de monitoreo satelital instalados en las unidades de transporte deberán posibilitar en todo momento el control y localización inmediata del vehículo, el seguimiento de recorridos e itinerarios y el cumplimiento de frecuencias y horarios, y, de igual modo, mediante la implementación de la aplicación que corresponda, asegurar el acceso y uso público de la información por parte de los usuarios.
El servicio de transporte automotor de pasajeros, en el ámbito de la jurisdicción provincial, debe operar en condiciones de seguridad y regularidad que permitan el tránsito de las personas por territorio santafesino.
Se busca garantizar el derecho de los usuarios de exigir la prestación del servicio, existe la obligación del Estado Provincial de garantizar la prestación del mismo, conforme las necesidades de la comunidad, en condiciones de «eficiencia, seguridad, comodidad, permanencia y regularidad», indican los considerandos.
Los sistemas de GPS posibilitan conocer en tiempo real la ubicación de cada unidad; sus paradas; el cumplimiento de horarios de salida y llegada; el ascenso y descenso de pasajeros que permiten realizar perfiles de carga o cantidad de pasajeros y determinar el comportamiento de la demanda, mediante la detección de las principales zonas que atraen viajes y ajustar en consecuencia la oferta de transporte; control de velocidad de las unidades, lo que permite realizar el seguimiento respecto de los límites de velocidad y, en consecuencia, la reducción de la probabilidad de accidentes viales, enumera el proyecto.
Lenguaje de señas en oficinas públicas
Cada oficina que cuente con atención al público en el ámbito provincial debería contar con al menos una persona capaz de comunicarse mediante el lenguaje de señas, según dispone un proyecto de ley que recibió media sanción del Senado provincial y fue girado a la Cámara de Diputados.
El texto cuenta con diez artículos y pasó por las comisiones de Desarrollo Social y Deporte, de Legislación del Trabajo y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la cámara alta, desde que se presentó a mediados del año pasado.
La inquietud del senador Armando Traferri (PJ-Nes-Lealtad) se aprobó por unanimidad recientemente y establece esa obligación en todas las dependencias provinciales.
Iniciativas de este tipo se presentan desde 2012 en la Legislatura, ese año fue el entonces diputado socialista Osvaldo Fatala (PS-FPCS) quien impulsó el tema al reconocer, con fuerza de ley, «la Lengua de Señas Argentina como el idioma hablado por la comunidad sorda e hipoacúsica» para su «introducción en los medios audiovisuales de comunicación provinciales».
La norma lleva el Nº 13.258 y brega por la comunicación sin barreras para ese colectivo.
En el proyecto de Traferri, que ya se presentó en 2016 y 2018 sin poder avanzar, pretende que sea el Estado quien dé el ejemplo y capacite a su personal en las oficinas de atención al público para que pueda entender y hacerse entender por señas.
«Romper las barreras que separan a las personas con discapacidad auditiva es un objetivo de integración al que no podemos renunciar», sostiene el presidente del bloque Juan Domingo Péron en los fundamentos.
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