Esta semana será consensuada la normativa para luego girarla al Congreso de la Nación. El interior del país reclama la emergencia en el transporte. Provincias buscan torcer la distribución de los subsidios, el 90% de los recursos queda en Buenos Aires.
El desembarco de la compañía fueguina CityBus- en Río Gallegos con una inversión programada en el orden de los $ 300 millones despertó en la opinión pública viejos debates políticos que se desprenden del sistema de transporte urbano de pasajeros.
Uno es la inequidad que rige al régimen de “Subsidios y Compensaciones Transporte Automotor de Pasajeros” (SISTAU). Sucede que la prestación del servicio dejó de ser rentable -en gran parte del país- y sólo con la presencia del Estado es posible garantizar este derecho a la ciudadanía.
“Hay una proporción de diez a uno en lo que recibe el Área Metropolitana Buenos Aires con el interior”, graficó a La Opinión Austral Ariel Ledesma -apoderado de CityBus– el pasado sábado.
En este escenario provincias; municipios; empresarios y trabajadores remarcan que el 90% de la masa de recursos nacionales beneficia a los porteños. Un total de $ 175.000 millones para 37.000 unidades de pasajeros quedó concentrado en el AMBA. En tanto, el interior del país se lleva nada más que el 10% de estos recursos.
Santa Cruz
En esta línea, el subsecretario de Transporte de Santa Cruz, Rolando D’Avena, adelantó a La Opinión Austral que el próximo viernes quedará consensuado el texto del proyecto de ley que apunta a implementar la “emergencia del transporte público de pasajeros” en Argentina.
En la redacción confluyeron las provincias de todo el país, afectadas por el régimen actual de subsidios de forma articulada con el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera. La misión fue “abordar y analizar una distribución más equitativa de los recursos destinados al transporte público de pasajeros”.
“Santa Cruz ha solicitado que sea incluido en la futura normativa la corta, media y larga distancia, inicialmente se discutía solamente en el servicio urbano”, dijo D Avena en sus declaraciones. Por su característica territorial, la larga distancia es fundamental en Santa Cruz.
“Para AMBA es fácil sostener el transporte con esos recursos”, insistió el joven funcionario y marcó que el precio del boleto también demanda un mayor esfuerzo a los habitantes del interior del país. Así dadas las cosas, “las provincias no decimos que se quite recursos a AMBA, sino que se ponga fin a la inequidad, las condiciones para la prestación no difieren en demasía entre AMBA y el interior”.
Así, el Ministerio de Transporte dialogó a lo largo del año con provincias, UTA y FATAP. En ese escenario fue consensuado que se avance en la implementación de la ley y que se busque la equidad en la distribución de los recursos. “Fueron las provincias las que redactaron la ley”, precisó D’Avena.
La Opinión Austral ratificó que Santa Cruz quedó afuera de los fondos Covid de $ 8 mil millones que dispuso el Ministerio de Transporte de la Nación ante la nula actividad que tiene hoy Caleta Olivia y la escasa prestación del servicio en Río Gallegos.
En ese punto, provincia abre otra discusión, cómo se posicionará el territorio para el 2022 en el SISTAU. “Hay que corroborar cuáles serán las líneas que se pondrán en servicio en Río Gallegos; qué cantidad de combustible demandarán y cuántos trabajadores habrá”, señaló el subsecretario de Transporte. Las variables deben estar definidas en octubre como plazo máximo para que los importes sean incluidos en el Presupuesto 2022.
Empresarios
La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) tomó intervención directa en la problemática. A lo largo del año alertó que en la actualidad están en riesgo 30 mil puestos de trabajo, todos ubicados en ciudades del interior del país.
En este orden de cosas, reclaman al Gobierno Nacional acuerdos para sacar al sector de la “situación terminal” que se acentuó en 2019 y se profundizó en 2020 con la pandemia.
Según el empresariado, el “desequilibrio que impera en la distribución de los recursos económicos impacta en la dificultad de dar cumplimiento a las obligaciones salariales”, y advierte que “ni siquiera están dadas las condiciones para afrontar los costos de operación del sistema”. Demandan al Estado tomar medidas que doten a la “actividad de un mínimo de previsibilidad y sustentabilidad”.
“Mientras el transporte del interior del país se acerca a su definitiva paralización, la misma actividad es regulada por idénticas normas, Convenio Colectivo de Trabajo y estructura de costos, con la única diferencia que en el Área Metropolitana de Buenos Aires goza de excelente salud”, disparó el empresariado en un comunicado.
Denunciaron que la ciudad administrada por Horacio Rodríguez Larreta “es sostenida y garantiza su prestación mediante una ingente asignación de los fondos del Tesoro Nacional que demuestran su existencia y revelan una clara preferencia respecto de su aplicación”.
El resultado de la asignación de los recursos nacionales se refleja claramente en el precio del pasaje. Mientras AMBA cuenta con 18 mil unidades en servicio con una tarifa $ 18. Un total de 47.000 trabajadores perciben $ 16.000.000.000 en subsidios nacionales mensuales.
Sin embargo, las ciudades del interior -con 13 mil unidades- se ven obligadas a fijar una tarifa promedio de $ 45 y 30.000 trabajadores. Según FATAP, estas comunas perciben únicamente $ 1.500.000.000 por mes.
En otras palabras, el interior “percibirá durante el 2021 $ 20.000.000.000 de aportes nacionales, mientras el AMBA obtendrá $ 175.000.000.000 para el mismo período”.
90 % EN MANOS DEL AMBA
Provincias discuten un nuevo régimen federal de distribución de subsidios. Buscan igualdad de condiciones para el interior.
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