Según fuentes oficiales consultadas por El Cronista, se está estudiando recurrir a esa figura para intimar a las líneas que, pese a haber recibido los fondos, no cumplieron en dar los aumentos acordados.
Este viernes por la medianoche comenzó un paro de actividades en las empresas de colectivos que no pagaron el aumento salarial acordado para los trabajadores representados por la Unión Tranviarios Automotores (UTA).
Según el gremio, la medida, bajo la fórmula de «retención de tareas», se cumplirá solamente en aquellas empresas que no cumplieron con lo acordado, mientras que en las que sí lo hicieron se prestará servicio normalmente.
El conflicto estalló este miércoles, cuando el gremio advirtió que en algunas compañías de colectivos no se estaba cumpliendo con la aplicación del «Artículo 6 de la Resolución conjunta de la Secretaría de Gestión del Transporte y la Secretaría de Articulación Interjurisdiccional», que dispuso el giro de fondos para destrabar el conflicto que se generó en los primeros días de junio.
Ayer mismo desde el Ministerio de Transporte aclararon que las empresas habían recibido en tiempo y forma los fondos para afrontar el pago de los salarios con el aumento convenido y que, por lo tanto, «la amenaza de paro de la UTA claramente vuelve a ser un tema entre las cámaras empresarias y los trabajadores».
Fuente oficiales ratificaron ante El Cronista esa postura y agregaron detalles: «Hay varias empresas que ya han pagado salarios con la actualización laboral como corresponde, mientras que hay otras que pagaron sin el incremento formalizado por resolución del Ministerio de Trabajo y Transporte, cuando ya tienen los recursos para afrontar los mismos. Es un claro aprovechamiento de la situación a expensa de los trabajadores y usuarios».
Esto hace que el grupo opositor de la UTA lleve adelante el paro anunciado para mañana. Esta semana, las empresas de colectivos recibieron más de $27 mil millones, con un incremento de $6 mil millones (un % 62). Pedimos a las empresas cumplir con el derecho de los trabajadores y no perjudicar a los usuarios del transporte público».
Las empresas, también salieron este miércoles al cruce de la posición oficial. «Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) decimos que las escalas salariales fueron expresadas por una resolución ilegitima del Ministerio de Transporte (porque no tiene competencias para hacerlo) ni jurídica (no es empleador) ni jurisdiccional (porque es para todo el AMBA y el Ministerio de Transporte Nacional no tiene jurisdicción en la materia sobre CABA o PBA)».
Y sumaron: «Al margen de la «competencia», tampoco están los fondos (ni por tarifa ni por subsidios que se siguen calculando con precios de diciembre 2022) para pagar dicho aumento. Además de eso, de manera inexplicable, el Ministerio de Transporte retiene subsidios impagos desde el mes de Marzo», sostuvo la cámara a través de sus redes sociales.
El paro, finalmente, pasó de la amenaza a los hechos y este jueves la UTA lo ratificó, acotado a las líneas donde no se cumplió lo acordado. Por estas horas, según fuentes oficiales, el Gobierno analiza la posibilidad de demandar a las empresas rebeldes por «malversación de fondos del Estado»
«Si el Gobierno nacional gira fondos del Estado a una empresa privada, para que esa empresa privada le pague salarios con aumentos a los trabajadores y estas empresas no hacen eso y se quedan con el dinero, ¿no se debería denunciar a la empresa privada por malversación del fondo del Estado? Nuestros abogados están viendo si se puede llegar a ver esa figura», confiaron a El Cronista.
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