La prolongada inmovilidad que registran los boletos de los colectivos y los crecientes subsidios que viene desembolsando el Estado para compensar el congelamiento tarifario han generado, en el arranque del año, una insólita situación. Por más que en el Ministerio de Transporte aseguran que no tienen esa iniciativa en sus planes, los últimos números muestran que el Gobierno tendría a la vuelta de la esquina la chance de cambiar el escenario tarifario de los colectivos metropolitanos con una atípica medida que sería del agrado de los sectores más radicalizados del Frente de Todos.

Con apenas un 15% más de subsidios, las autoridades podrían cubrir la totalidad de los costos operativos de las empresas y disponer que todas las líneas de colectivos fueran gratis para los usuarios del AMBA.

Las planillas oficiales de los “costos e ingresos medios de los servicios del área metropolitana” indican que, en el último cuatrimestre de 2020, la recaudación total de los colectivos urbanos y suburbanos por venta de boletos fluctuaron entre los 1.531 millones y 1.793 millones de pesos mensuales.

En ese mismo período, los subsidios operativos para mantener las tarifas en el freezer oscilaron entre los 10.705 millones y 11.285 millones de pesos mensuales.

De esta manera, los ingresos que reciben las empresas por el expendio de boletos solo representan el 15% del costo total de cada viaje, mientras que el 85% restante proviene de los subsidios estatales.

Las distorsiones provocadas por la falta de actualización tarifaria hacen que hoy no esté muy lejos la posibilidad de declarar la gratuidad de los colectivos que circulan en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Con solo agregar una partida adicional de subsidios de 1.700 millones de pesos mensuales, la administración de Alberto Fernández podría pasar a la historia como la hacedera de los viajes gratis para “todos y todas”.

Las empresas del sector no quieren saber nada con esa alternativa, porque los dejaría como simples “gerenciadores” del servicio y totalmente dependientes de lo que dispongan los gobiernos de turno tanto en lo que respecta a los recorridos de las líneas, como en lo atinente a las formas de pago de los subsidios.

Si bien descreen que pueda darse esa vuelta de campana tarifaria, los dueños de los colectivos siguen con preocupación las idas y vueltas registradas con el ajuste de los boletos que el ministro Mario Meoni había prometido para los primeros días de 2021.

El Ministerio de Transporte tenía armado un esquema de actualización parcial con una suba promedio del 30% que iba a llevar el valor del boleto mínimo de 18 a 23 pesos y la tarifa de la segunda sección de recorrido de 20 a 26 pesos. La aprobación del nuevo cuadro tarifario quedó bloqueada luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner saliera a plantear que se deben “alinear las jubilaciones y salarios con los precios de los alimentos y las tarifas”. En principio, los aumentos en juego quedaron en stand by hasta marzo y a la espera de lo que resuelva en materia de subsidios el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Tras haber entrado en escena a mediados de 2002, los subsidios a los colectivos no han parado de crecer con el correr de los años.

Los últimos datos muestran que, medido por el parque móvil que opera en la región metropolitana, los subsidios mensuales por colectivo subieron de un promedio de 190.000 pesos en 2018 a 280.000 pesos en 2019.

A principios de 2020, ese valor ascendió a 490.000 pesos mensuales y actualmente ya trepa a 670.000 pesos mensuales por cada colectivo en actividad.

El análisis desagregado de los 21 tipos de servicios que operan en la región metropolitana pone de manifiesto la marcada complejidad que existe a la hora de tratar la problemática que enfrentan las líneas urbanas y suburbanas.

Si no existieran los subsidios, las tarifas medias para los colectivos de la Capital Federal deberían ser de 97 pesos y de 140 pesos para las líneas del conurbano. En tanto, para las líneas municipales y más alejadas de la General Paz, los boletos sin subsidios de cada viaje deberían costar entre 184 y 207 pesos.

Luego de haber estado completamente paralizados por más de ocho meses, la reanudación de los servicios de larga distancia ha sido muy lenta y limitada para las urgencias que enfrentan las empresas del sector.

Los registros internos cantan que actualmente el nivel de actividad solo alcanza al 20% del movimiento histórico de la temporada estival y que el factor de ocupación de cada ómnibus no supera el 50% de los asientos disponibles.

Para las empresas, el bajo nivel de actividad se debe a dos motivos: las restricciones de circulación que aún mantienen varias provincias y la campaña negativa de las autoridades sanitarias, que siguen desaconsejando los viajes en los medios de transporte público.

Tras destacar que han podido pagar los salarios con la asistencia oficial del programa ATP y el fondo específico de auxilio al sector, las cámaras de larga distancia salieron a pedirle a la cartera de Transporte un nuevo esquema de ayuda para sostener la actividad en los primeros meses de 2021.

Las medidas solicitadas apuntan, basicamente, a atender las dificultades del 70% de las empresas que no han podido retomar sus servicios.

Junto con una ayuda económica para pagar salarios, el listado de reclamos de las compañías de larga distancia incluye líneas crediticias para la reconstitución del capital de trabajo y adquisición de elementos sanitizantes; levantamiento de las multas y sanciones de la CNRT; suspensión de embargos y planes de pagos especiales de la AFIP; no cobro de la tasa de fiscalización del transporte y exención del pago de peajes en la rutas nacionales y accesos a Buenos Aires.